“Inscripción de cédulas” es el nombre con el que se le conoce al proceso mediante el cual los ciudadanos colombianos, que ya están inscritos en el censo electoral, cambian de puesto de votación. De acuerdo con el artículo 49 de la ley estatutaria 1475 de 2011, este proceso se inicia un año antes de las elecciones y finaliza faltando dos meses para la celebración de las mismas.
Los ciudadanos que expiden su cédula por primera vez son inscritos automáticamente al censo electoral, en un puesto de votación cercano a su lugar de residencia, así que la “inscripción de cédulas” se refiere a los ciudadanos que, ya estando registrados para votar en algún puesto de votación, acuden a la Registraduría para poder votar en otro puesto.
En el marco de su monitoreo a los riesgos de fraude electoral, la Misión de Observación Electoral – MOE de la sociedad civil de Colombia realiza un seguimiento al proceso de inscripción de cédulas en cada año electoral. En el marco de este proceso existe el riesgo de que los ciudadanos sean incitados a inscribirse irregularmente en lugares donde no residen, con el fin de controlar el sentido de su voto. Esta irregularidad se conoce penalmente como “fraude en inscripción de cédulas”, y se refiere al delito popularmente conocido como ‘trasteo de votos’ o ‘trashumancia electoral’. Con la trashumancia están relacionados otros delitos como la “movilización de votos” (vender paquetes de votos a candidatos o campañas), la “corrupción al sufragante” (conocida como ‘compra de votos’) o el “constreñimiento al elector” (presionar o amenazar a la ciudadanía a cambio de su voto).
Las autoridades más concernidas con la reacción frente a la trashumancia electoral son el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía General de la Nación. El primero tiene la función de revisar la legalidad de las inscripciones de los ciudadanos, y en los casos en los que determine
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